Scioli es responsable por lo que pueda pasar con este joven”

La diputada bonaerense de NE denunció al gobierno provincial por la desaparición del joven que había sido derivado al Hospital de Niños tras haber estado recluido en una clínica de Junín.



Tras confirmarse la fuga de un niño de 13 años (A.D.), que en primera instancia la Provincia alojó en una clínica psiquiátrica de Junín para el tratamiento de sus adicciones y que luego fue derivado al Hospital Sor María Ludovica de La Plata, la diputada de Nuevo Encuentro Natalia Gradaschi cargó con dureza contra el Gobernador bonaerense: “Scioli es responsable por lo que pueda pasar con este joven”.
“A.D. (se reserva la identidad del menor), se escapó del Hospital anoche. La Provincia no cumplió con los plazos que fijó la Justicia en derivarlo a un lugar especializado para el tratamiento de sus adicciones y ahora su vida está en riesgo”, aseguró la legisladora del partido de Martín Sabbatella.
Ante la gravedad del caso, la Cámara de Diputados bonaerense le solicitó hoy al gobernador Daniel Scioli que brinde información detallada sobre las irregularidades ocurridas en el caso de este chico platense con problemas de adicciones, que fue internado en la clínica psiquiátrica “Ferromed” de Junín, a trescientos kilómetros de su hogar, sin darles aviso a sus padres, y en condiciones degradantes, y que posteriormente fue derivado al Hospital de Niños Sor María Ludovica de la ciudad de las diagonales.
La iniciativa impulsada por la diputada Gradaschi intenta determinar las responsabilidades políticas en el caso de este menor y cuáles fueron las intervenciones previas en materia de asistencia y tratamiento para el chico. “El caso de A.D. pone en evidencia la perversidad de las políticas públicas para la niñez y la adolescencia en la Provincia. No es casual lo que pasó con este menor: por un lado Scioli garantiza las políticas represivas para la niñez y la adolescencia y desfinancia el Sistema de Promoción y Protección de Derechos; y por otra parte protege un negocio fenomenal de las comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas en las que la Provincia terceriza las internaciones”. 
En la actualidad, el Ejecutivo bonaerense abona 200 pesos diarios para reservar 327 camas en 19 comunidades terapéuticas y 105 camas en cinco clínicas psiquiátricas, a lo que se suman los costos de la internación en todos los casos. “Tanto la Secretaría de Niñez y Adolescencia como el Ministerio de Salud se niegan a informar cuánto se está pagando por las internaciones, pero estimamos que con esos mismos fondos la Provincia podría tener servicios de Salud Mental estatales de calidad, controlados, bien equipados y con personal idóneo, y no los centros que tenemos hoy que parecen cárceles destruidas para presos de alta peligrosidad”, señaló Gradaschi.
El viernes pasado, la diputada de Nuevo Encuentro junto al Defensor Juvenil platense, Julián Axat, presentaron una medida cautelar ante el juez Luis Federico Arias para la atención de A.D. y además para que la Provincia resuelva la “situación crítica” de los centros de internación de salud mental para niños, niñas y adolescentes.
Las razones del pedido se sustentan en que la Provincia no da respuestas adecuadas frente a casos que involucran a niños, niñas y adolescentes y además carece de un área de intervenciones e internación compleja integral en Salud Mental Infanto Juvenil para casos de emergencia, motivo por el que deriva las internaciones a clínicas privadas que no brindan un servicio acorde a los estándares de la Ley 26.657, norma que garantiza el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas.
Por este motivo se pidió la creación de un área de Salud Mental Infanto Juvenil para la atención de internaciones en la provincia de Buenos Aires, la revisión del sistema de tercerización de las internaciones en comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas privadas, y además se solicitó una audiencia pública urgente en la que participen la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia y en carácter de interesados el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión por la Memoria y la Defensoría del Pueblo bonaerense.