entrevista en Punto de encuentro FM 98.1

La diputada provincial de Nuevo Encuentro, Natalia Gradaschi, pasó por el aire de Punto De Encuentro y nos contó sobre la presentación del proyecto de ley para regular la atención de las mujeres en los casos de abortos no punibles en la provincia de Buenos Aires

Sesión 05/07/12 Proy Declaración, Preocupación por situación joven A.D. internado en Junín

AD

AD es un nene de 13 años. Supe de él a partir de la presentación que hiciera el Defensor Penal Juvenil, Julian Axat.

Julian Axat había intervenido a pedido de la mamá de AD, le había solicitado al Defensor de Junin que visitara el lugar donde se encontraba internado el niño. El informe del defensor es escalofriante, AD estaba en una celda de aislamiento, en condiciones inhumanas, dopado, muerto de frío, con un pedazo de goma espuma a modo de colchón, lejos de su casa. AD es un nene y pedía por su mamá. El defensor Julián Axat, presentó un recurso de amparo para sacar a AD de esa “clínica” y  lograr que estuviera cerca de su casa, con un tratamiento acorde a su problemática.

 Estaba claro que la internación que estaba sufriendo el nene no cumplía en absoluto con los estandares de derechos humanos, en términos de salud mental, de acuerdo a la ley nacional 26657, la constitución y los tratados internacionales. Estaba claro que se había llegado a esa situación porque los Servicios Locales, vaciados, desfinanciados; a pesar del alto compromiso que asumen muchos de sus trabajadores, no habían podido llevar adelante una estrategia de restitución de derechos vulnerados. Estaba claro también que el Estado se había vinculado con AD y su mamá a través del sistema punitivo y no desde la protección y promoción.

  La audiencia se realizo y los funcionarios de la Secretaria de Niñez y del Ministerio de Salud, reconociendo las irregularidades/barbaridades; llevaron al niño al Hospital de La Plata, comprometiéndose a presentar una estrategia integral en el término de las 72 horas.

Presenté una declaración de preocupación sobre la situación de AD en la Legislatura y un pedido de informes respecto de las estrategias que se habían llevado adelante desde el Sistema de Promoción y Protección de Derechos para restituir los derechos vulnerados de este niño, preguntamos también sobre los dispositivos de supervisión que tiene la Provincia de Buenos Aires para con los servicios tercerizados, así como cuestiones particulares sobre el lugar en el que había estado internado AD en Junín.

En la sesión del cinco de julio, aprobamos por unanimidad  el pedido de informes.  Ese mismo día, el cinco de julio, ya se había vencido el plazo que tenía la Provincia de Buenos Aires para dar respuesta a los problemas que venía sufriendo AD. A pesar de las intimaciones judiciales para que los funcionarios de Niñez y de Salud, cumplieran con los plazos acordados, esa respuesta nunca llegó.

AD, estuvo esperando la respuesta en una sala de Infectología del Hospital,  lo imagino agotado del maltrato, del destrato y con mucho miedo; ese día AD fugó del hospital.

Hace hoy catorce días que AD se fue del hospital y nadie sabe dónde está.  

Pareciera que el drama de AD, su mamá y sus hermanitos; nos pone frente a algo de lo que no queremos saber demasiado, porque nos duele, porque nos interpela; por eso debe ser tan difícil hacerlo visible, que tome estado público. La realidad es que la vida de AD corre peligro y la realidad es también que este drama nos está poniendo frente a nuestros ojos, claramente, la desresponsabilización del Ejecutivo Provincial en su obligación de garantizar el goce de los derechos de los que son titulares los niños, niñas y adolescentes.

El caso de AD viene a mostrarnos lo que seguramente viven cientos de chicos y chicas en nuestra provincia. Pero primero AD tiene que aparecer, tiene que haber una estrategia de restitución de sus derechos vulnerados.

Después será el momento de discutir un nuevo modelo de Salud Mental Infanto-juvenil en la Provincia de Buenos Aires, desde la perspectiva de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y en el marco de la Ley Nacional 26657.

Natalia Gradaschi

Diputada Provincial - Nuevo Encuentro.
www.nataliagradaschi.com.ar

http://twitter.com/diputadanatalia

http://www.facebook.com/pages/Diputada-Provincial-Natalia-Gradaschi

nataliagradaschi.blogspot.com

TEL 0221 429 7100 interno 3395
Despacho: Calle 53 671,Piso 2 Oficina 28.
La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Se lanzó la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en Hurlingham

El diputado Leo Grosso, la legisladora Natalia Gradaschi y Raquel Wittis disertaron sobre el proyecto. También Estuvo presente el concejal Adrián Eslaiman. Es el primer distrito del país donde se presenta.

Con la presencia del diputado nacional Leonardo Grosso (FPV - Movimiento Evita); la diputada nacional Natalia Gradaschi (Nuevo Encuentro); y la militante por los Derechos Humanos Raquel Wittis (familiar víctima de gatillo fácil), se lanzó en Hurlingham la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional “Ni un pibe menos”. El encuentro tuvo lugar ayer en la Escuela Media Nº 4 Esteban Echeverría. Es el primer distrito del país donde se impulsa.

El acto estuvo organizado por el Movimiento Evita y el Frente Nuevo Encuentro. Contó con la participación de Adrián Eslaiman, concejal de Hurlingham por Nuevo Encuentro; Iris Avellaneda, copresidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; y representantes, miembros y militantes del FPV, Kolina, el Peronismo 26 de Julio, Suteba, ATE regional Morón - Hurlingham - Ituzaingó, la Agrupación Germán Abdala, los Negros de Mierda, CA.FI.DE.PO, el Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Hurlingham, y el FRESOPE (Frente de Soberanía Pedagógica).

La campaña, que se presentó a nivel nacional el último 12 de junio en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, cuenta con el auspicio del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), el Movimiento Evita, y una profusa cantidad de organizaciones políticas, sociales, culturales y de Derechos Humanos. El primer capítulo, que alcanza específicamente a la provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo contrarrestar desde la política los abusos policiales que se cometen a diario en todo el territorio bonaerense.

En nuestra sociedad "se valora más a la propiedad privada que a la vida de una persona. La realidad nos exige dar una respuesta política. Y el contexto político nacional nos permite dar esta discusión", señaló Leo Grosso durante la presentación, y añadió: “se ha instalado en la agenda pública el problema de la violencia institucional, y esto es el primer balance positivo, que tiene que ver con el proceso político que vivimos, porque hace 9 años atrás hubiera sido imposible instalarlo como un eje del debate público”.

Natalia Gradaschi, en tanto, expuso datos y cifras sobre la situación de la niñez y la adolescencia y comparó la coexistencia de dos paradigmas que se ponen en contradicción, “el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes y el sistema represivo y punitivo”. También mencionó un proyecto que promovió la senadora bonaerense Azucena Ehcozor, esposa del intendente de Hurlingham Luis Acuña, para retener más tiempo a los jóvenes en las comisarías por “averiguación de antecedentes” y relató cómo lograron frenar la iniciativa gracias a un grupo de legisladores y militantes que se opusieron.

Por su parte, Raquel Wittis, madre de Mariano –asesinado por la Policía Bonaerense en 2001, tras haber sido tomado como rehén en un asalto a un banco–, describió la estigmatización que sufrió su hijo por parte de los medios al legitimar la versión de la Policía, que le plantó un arma para encubrir el asesinato y lo exhibió como a un delincuente abatido en un tiroteo. También mencionó la responsabilidad de la justicia y de la sociedad en general, que contribuyen a sostener y fortalecer estereotipos como “que los jóvenes, pobres y morochos ya son de por sí sospechosos”.

Al finalizar la actividad, Eslaiman opinó que “tomar esta iniciativa es hacerse cargo de un capítulo muy importante de la problemática de seguridad en la provincia de Buenos Aires”, y agregó: “hay 1893 personas asesinadas por casos de violencia institucional desde el año 2000, todas muertes evitables. Algunos sectores legitiman la violencia institucional y exigen que las fuerzas policiales sean más represivas, y eso es una contradicción en sí mismo, porque no hay sociedades más seguras si la violencia se ejerce desde las instituciones. Luchar contra eso es nuestro compromiso y nuestro desafío”.

IMPLEMENTACION

La campaña a nivel nacional cuenta básicamente con tres etapas. La primera, que ya está cumplimentada, consistió en la conformación de un grupo de abogados formados específicamente en emergentología para casos de hostigamiento policial y violencia institucional. Esta instancia contó con el aporte y el asesoramiento del CELS.

Luego, durante la segunda etapa, se capacitarán a los responsables que se designen en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires sobre los protocolos de acción inmediata antes hechos de violencia. Estos responsables también tendrán la tarea de organizar e impulsar acciones de prevención de la violencia y de integración comunitaria en articulación con los voluntarios.

La tercera y última etapa es el nombramiento de voluntarios, quienes se constituyen en referentes territoriales para alertar a los referentes distritales ante casos de abuso institucional específicos. También serán receptores de capacitaciones y charlas destinadas a construir un modelo de seguridad con participación ciudadana.

“La llegada de Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003 significó un cambio de rumbo, el modelo de desarrollo económico con inclusión social se impuso en la argentina, la acción reparadora del Estado y la creación de nuevos derechos creó un contexto político, social y cultural distinto, que permite avanzar en las deudas pendientes”, expresa el documento de lanzamiento de la campaña. “Por eso, el debate que pensamos necesario en ese camino es cómo se concilian los postulados de inclusión social y seguridad. ¿Por qué? Los medios monopólicos de comunicación los plantean como términos excluyentes y antagónicos. Y más cuando se trata de jóvenes”, concluye.

La campaña continuará su presentación en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, a la vez que avanzan los encuentros de capacitación de los referentes territoriales.

fuente: http://www.eldiariodemoron.com.ar/noticias-de-hurlingham/122/12981.html

Exitosa charla de Marcelo Saín en Quilmes

Este viernes 13 el Diputado por Nuevo Encuentro, Marcelo Fabián Saín, ofreció una extensa disertación sobre un tema de primerísima actualidad: La Seguridad Pública.

A la disertación asistieron gran número de vecinos, dirigentes y militantes de Nuevo Encuentro y otras fuerzas políticas. Destacamos la presencia de la Diputada de Nuevo Encuentro Natalia Gradaschi y del Movimiento Evita Patricia Iribarren. 

En la introducción el compañero, ex candidato a intendente por Nuevo Encuentro en Quilmes, Darío Ortizá expresó "Esta es una de las Charlas Formativas que forma parte de una serie de presentaciones que Nuevo Encuentro desarrollará para alentar el debate político y la formación entre los vecinos y ciudadanos que se están sumando a nuestro Frente" 

Diputada Natalia Gradaschi

Marcelo Saín, especialista en la materia expresó a continuación: "Los niveles de seguridad en la actualidad son significativamente más bajos que los de la década de los '90, aún por debajo de los niveles más bajos de ese y sin embargo en el colectivo social hay una percepción diferente, en muchos de los casos alentada por la corporación mediática".

"Sin dudas la problemática de la Seguridad Pública es una de las cuestiones pendientes que tiene la Democracia y no puede haber cambios si se mantiene una policía con un sistema organizativo "anacrónico". 

"El actual sistema policial plantea que hay sólo para toda la provincia un 30 % de sus fuerzas en la calle y el resto realizando tareas administrativas", para concluir manifestando su preocupación por la situación de "mercados ilegales como el del narcotráfico, la trata de personas para la explotación sexual y el tema de la venta de autopartes de vehículos robados que con esta policía es imposible enfrentar".

Este video que compartimos abajo es la primera parte de una extensa charla que hemos escuchado y sin dudas no olvidaremos, además de darnos un riquísimo material para el debate.

Impulsan proyecto para regular procedimiento de aborto no punible en la Provincia.

La Diputada bonaerense Natalia Gradaschi (NE) presentó una medida para regular la atención de las mujeres en los casos de abortos no punibles en la Provincia, en consonancia con un fallo emitido este año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "La decisión de la mujer será incuestionable y no podrá ser sometida a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o de valor", sostuvo. La Provincia "deberá proveer información clara para que la mujer pueda entender el proceso que está viviendo y formular todas las preguntas necesarias", sostuvo la legisladora de Nuevo Encuentro Natalia Gradaschi, impulsora del proyecto para regular la atención de las mujeres en los casos de abortos no punibles en territorio bonaerense. "Necesitamos que la legislación de la Provincia se ajuste al fallo del máximo tribunal de Justicia nacional adoptado en marzo. Las mujeres bonaerenses no pueden depender de la decisión de un Gobernador o de un médico para realizarse un aborto no punible", agregó. En este sentido, la Diputada sabbatellista indicó: "La decisión de la mujer será incuestionable y no podrá ser sometida a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o de valor por parte de los profesionales de la salud". La iniciativa presentada por Gradaschi y acompañada por las diputadas del FpV Karina Nazabal y Alicia Sánchez, tiende a regular el procedimiento que debe llevar a cabo el personal de los establecimientos asistenciales del Sistema de Salud de la Provincia para la atención integral de mujeres, en casos de aborto no punibles contemplados por el Código Penal. fuente: http://www.lanoticia1.com/noticia/impulsan-proyecto-para-regular-procedimiento-de-aborto-no-punible-en-la-provincia-32130.html

La historia de abandono sigue muda

Por Carlos Rodríguez

Hasta anoche seguía sin ser encontrado A.D., el chico de 13 años con problemas de adicción, que el viernes se escapó de la Sala de Infectología del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, donde había sido trasladado luego de permanecer en la Clínica Psiquiátrica Ferramed, de Junín, donde había sido alojado en una habitación de castigo, con rejas, similar a las de las cárceles. El defensor de menores Julián Axat y la diputada provincial Natalia Gradaschi, de Nuevo Encuentro, que habían pedido la internación del niño en una clínica “de puertas abiertas”, con un esquema permanente de “acompañantes terapéuticos” que garantizaran una “atención adecuada” para el caso y evitaran una posible fuga, aseguraron que lo ocurrido con A.D. “pone en evidencia la perversidad de las políticas públicas para la niñez y la adolescencia en la provincia”. En una nueva presentación ante el juzgado en la contencioso administrativo Luis Arias, señalaron que “no es casual lo que pasó con este menor: por un lado (el gobernador Daniel) Scioli garantiza las políticas represivas para la niñez y la adolescencia y definancia el Sistema de Promoción y Protección de Derechos, y por el otro protege un negocio fenomenal de las comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas en las que la provincia terceriza las internaciones”. Axat y Gradaschi sostuvieron que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Niñez bonaerenses “se niegan a informar cuánto se está pagando por las internaciones, pero estimamos que con esos mismos fondos la provincia podría tener servicios de salud mental estatales de calidad, controlados, bien equipados y con personal idóneo, y no los centros que tenemos hoy, que parecen cárceles destruidas para presos de alta peligrosidad”. El viernes pasado se había presentado un nuevo recurso de amparo, ante Arias, solicitando que se resolviera la “situación crítica” de los centros de salud mental para niños, niñas y adolescentes. Se había fundado el pedido señalando que la provincia “carece de un área de intervenciones e internación compleja integral en Salud Mental Infanto Juvenil para casos de emergencia”. Por ese motivo “deriva las internaciones a clínicas privadas que no brindan un servicio acorde a los estándares” de las normas que protegen a niños y adolescentes. Según el texto de la presentación, el Ejecutivo bonaerense “abona 22 pesos diarios para reservar 327 camas en 19 comunidades terapéuticas y 105 camas en cinco clínicas psiquiátricas, a lo que se suman los costos de internación en todos los casos”. fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-198297-2012-07-10.html

Ver nota en www.pagina12.com.ar Sociedad | Domingo, 8 de julio de 2012 EL CASO DE UN CHICO DE 13 AÑOS CON PROBLEMAS DE ADICCION

Historia de abandono literal Primero lo encerraron en una celda con rejas de un centro psiquiátrico. Por orden judicial, tenían que tratarlo, pero lo dejaron en el hospital infantil de La Plata, que no tiene ese servicio. Y ahora se escapó. La celda de aislamiento en la clínica psiquiátrica de Junín donde encerraron al chico. Por Carlos Rodríguez Un chico de 13 años cuyas iniciales son A. D. y que tiene problemas de adicción, se escapó de un hospital público bonaerense donde había sido llevado para recibir atención profesional. Es el mismo niño que, a fines de junio, estaba en una clínica psiquiátrica de Junín, donde lo tuvieron varios días alojado en una celda de aislamiento, con rejas, como en una cárcel. La semana pasada, en una audiencia judicial, las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense habían sido intimadas a dar cumplimiento inmediato al traslado del pibe a una clínica “de puertas abiertas” cuyo nombre se mantuvo en reserva para preservar la intimidad del menor. Allí debía ser asistido en forma permanente por cuatro acompañantes terapéuticos, en turnos de seis horas cada uno, para cubrir la jornada completa y garantizar su tratamiento. En lugar de eso, lo llevaron al Hospital de Niños de La Plata, que “no cuenta con un servicio de salud mental internativo”, por lo que se hallaba esperando atención “en la Sala de Infectología”. La diputada provincial Natalia Gradaschi, de Nuevo Encuentro, sostuvo frente a lo sucedido que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, “es responsable por lo que pueda pasar con este joven”. Gradaschi denunció que en este caso el Ministerio de Salud y la Secretaría del Menor bonaerenses “no cumplieron con los plazos que fijó la Justicia para derivarlo (al niño) a un lugar especializado para el tratamiento de sus adicciones y ahora su vida está en riesgo”. Las autoridades bonaerenses habían sido intimadas a dar cumplimiento inmediato al traslado de A. D. “a un lugar adecuado para su atención” luego de que se denunciara su presencia en la Clínica Ferramed, de Junín, donde se lo encerró en una celda de aislamiento. En una audiencia realizada el 27 de junio, con intervención del juez de La Plata Luis Arias, la provincia se había comprometido a trasladar al chico a una clínica especializada. El defensor penal juvenil platense Julián Axat, que en junio había presentado el recurso de amparo a favor del chico que dio lugar a la audiencia, la semana pasada había reiterado su reclamo. En la audiencia del 27 de junio estuvieron la Cecilia del Carmen Pozzo, en representación del Ministerio de Salud, y Sebastián Gastelu, Juan Barbaro y Carlos Martín Corrales, por la Secretaría de la Niñez. Ellos “se comprometieron ante el juez y ante representes de organismos de derechos humanos a dar una solución en tres días”, según consta en el acta a la que tuvo acceso Página/12. En ese acto también estuvo la mamá del chico. Sin embargo, el niño sólo fue trasladado al Hospital de Niños platense que “no cuenta con un servicio de salud mental internativo”. La Justicia intimó la semana pasada al ministro de Salud provincial, Alejandro Collia, y al titular de la Secretaría de Niñez, Pablo Navarro, a que “en 24 horas encuentren una solución de fondo acorde a la problemática, caso contrario se iniciará causa penal contra ambos funcionarios y se impondrán astreintes (sanción en dinero que se aplica al deudor en el cumplimiento de una orden judicial) en sus sueldos”. En la audiencia convocada por Arias intervinieron la asesora de menores Adriana Montoto; María Eva Asprella y Rosa Matilde Díaz por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Mariana Mostajo y Guillermo Gentile de la Defensoría del Pueblo; y Macarena Sabin Paz, de la Comisión Provincial por la Memoria. La doctora Sabin Paz, en esa reunión, abogó por el pronto reencuentro del niño con su madre, ya que habían perdido todo contacto luego de la internación en la clínica Ferromed de Junín. Los representes de la Secretaría de la Niñez habían dicho que no existía “ningún inconveniente en trasladar al niño ese mismo día”, 27 de junio, a una clínica que todas las partes consideraron adecuada para el caso. La idea era que A. D. fuera asistido en todo momento por los acompañantes terapéuticos, con la presencia de su madre, a quien se le garantizaron “los viáticos, alimentación y alojamiento si fuera necesario”. El objetivo era hacer “una evaluación situacional, interdisciplinaria e intersectorial, con participación y consentimiento informado de su madre, con miras a diseñar un plan de tratamiento de esa misma índole centrado en su problemática de salud mental”. Axat recordó un fallo del juez Arias en el cual se señaló que en territorio bonaerense “se advierte la falta de una institución adecuada” donde puedan ser derivados los chicos con problemas de adicción “para su rehabilitación o asistencia, de acuerdo con el derecho de todo niño al disfrute del más alto nivel posible de salud”. Agregó que eso demuestra que “el sistema penal y policial es el lugar (...) en el que terminan” estos casos “pues las políticas públicas en salud mental y de seguimiento terapéutico para niños y adolescentes pobres resulta un fracaso institucional manifiesto”. © 2000-2012 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Todos los Derechos Reservados

Natalia Gradaschi en la peña de Nuevo Encuentro en Lanús. 6/07/12

Martín Sabattella en la Peña de Nuevo Encuentro - Lanús 06/07/12

+

Martín Sabattella en Lanús.

Scioli es responsable por lo que pueda pasar con este joven”

La diputada bonaerense de NE denunció al gobierno provincial por la desaparición del joven que había sido derivado al Hospital de Niños tras haber estado recluido en una clínica de Junín.



Tras confirmarse la fuga de un niño de 13 años (A.D.), que en primera instancia la Provincia alojó en una clínica psiquiátrica de Junín para el tratamiento de sus adicciones y que luego fue derivado al Hospital Sor María Ludovica de La Plata, la diputada de Nuevo Encuentro Natalia Gradaschi cargó con dureza contra el Gobernador bonaerense: “Scioli es responsable por lo que pueda pasar con este joven”.
“A.D. (se reserva la identidad del menor), se escapó del Hospital anoche. La Provincia no cumplió con los plazos que fijó la Justicia en derivarlo a un lugar especializado para el tratamiento de sus adicciones y ahora su vida está en riesgo”, aseguró la legisladora del partido de Martín Sabbatella.
Ante la gravedad del caso, la Cámara de Diputados bonaerense le solicitó hoy al gobernador Daniel Scioli que brinde información detallada sobre las irregularidades ocurridas en el caso de este chico platense con problemas de adicciones, que fue internado en la clínica psiquiátrica “Ferromed” de Junín, a trescientos kilómetros de su hogar, sin darles aviso a sus padres, y en condiciones degradantes, y que posteriormente fue derivado al Hospital de Niños Sor María Ludovica de la ciudad de las diagonales.
La iniciativa impulsada por la diputada Gradaschi intenta determinar las responsabilidades políticas en el caso de este menor y cuáles fueron las intervenciones previas en materia de asistencia y tratamiento para el chico. “El caso de A.D. pone en evidencia la perversidad de las políticas públicas para la niñez y la adolescencia en la Provincia. No es casual lo que pasó con este menor: por un lado Scioli garantiza las políticas represivas para la niñez y la adolescencia y desfinancia el Sistema de Promoción y Protección de Derechos; y por otra parte protege un negocio fenomenal de las comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas en las que la Provincia terceriza las internaciones”. 
En la actualidad, el Ejecutivo bonaerense abona 200 pesos diarios para reservar 327 camas en 19 comunidades terapéuticas y 105 camas en cinco clínicas psiquiátricas, a lo que se suman los costos de la internación en todos los casos. “Tanto la Secretaría de Niñez y Adolescencia como el Ministerio de Salud se niegan a informar cuánto se está pagando por las internaciones, pero estimamos que con esos mismos fondos la Provincia podría tener servicios de Salud Mental estatales de calidad, controlados, bien equipados y con personal idóneo, y no los centros que tenemos hoy que parecen cárceles destruidas para presos de alta peligrosidad”, señaló Gradaschi.
El viernes pasado, la diputada de Nuevo Encuentro junto al Defensor Juvenil platense, Julián Axat, presentaron una medida cautelar ante el juez Luis Federico Arias para la atención de A.D. y además para que la Provincia resuelva la “situación crítica” de los centros de internación de salud mental para niños, niñas y adolescentes.
Las razones del pedido se sustentan en que la Provincia no da respuestas adecuadas frente a casos que involucran a niños, niñas y adolescentes y además carece de un área de intervenciones e internación compleja integral en Salud Mental Infanto Juvenil para casos de emergencia, motivo por el que deriva las internaciones a clínicas privadas que no brindan un servicio acorde a los estándares de la Ley 26.657, norma que garantiza el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas.
Por este motivo se pidió la creación de un área de Salud Mental Infanto Juvenil para la atención de internaciones en la provincia de Buenos Aires, la revisión del sistema de tercerización de las internaciones en comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas privadas, y además se solicitó una audiencia pública urgente en la que participen la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia y en carácter de interesados el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión por la Memoria y la Defensoría del Pueblo bonaerense.